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ALCADE DE CARAHUE SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES

Desde este lunes  y por una orden emanada de tribunales carabineros de Carahue notificaron con la suspensión en sus funciones al alcalde de Carahue Hector figuero, esto mientras se realizaba reunión de concejo.

 yLa  noticia judicial de Carahue,  se remonta al año 2005 cuando 20 Diputados de la República,  de la Concertación y de la Alianza por Chile, liderados por el Diputado  Eduardo Díaz del Río,  denuncian a la Contraloría General de la República diversas irregularidades en la Municipalidad de Carahue, tanto de tipo administrativas como  financieras.

En base a lo anterior, la Contraloría  General de la República destino a 2 fiscalizadores e investigadores a instalarse en terreno en la Municipalidad de Carahue, luego de 1 año y medio de investigación minuciosa, la Contraloría termina su proceso investigativo, evacuando un Informe Definitivo de Contraloría, el cuál es entregado y leído al Concejo Municipal período 2004 – 2008, en sesión ordinaria de  reunión, con fecha 2 de enero del 2007.
 
Con estos antecedentes, que concluían diversas y graves irregularidades  de parte de la Administración del Alcalde UDI Héctor Figueroa Ramírez, el Concejo Municipal tuvo la misión de hacer efectivo su rol fiscalizar, el cual es mandatado por ley hacia los concejales.
 
Sin embargo, los únicos concejales que hicieron efectivo su mandato fiscalizador fueron los ex Concejales de Carahue René Ochoa  Ochoa P.P.D.  y Paola Retamal Arévalo D.C., quienes  con Informe en mano, entregaron los antecedentes a la Fiscalía Local de Carahue.
 
El hecho grave en ese entonces, y de gran cuestionamiento comunal, era que los Concejales Cristian Riquelme Pérez (en ese entonces DC) , Sara Suazo Suazo (R.N.), Pedro Fagalde Tejo  (R.N.) , Franklyn Garay Aravena (U.D.I.), siendo concejales en ejercicio y conociendo en reunión formal de Concejo Municipal  de este Informe  Definitivo de la  Contraloría con graves irregularidades de probidad, tomaron la opción de  no hacer  efectivo su rol fiscalizador,  el cuál juraron o prometieron cumplir cuando asumieron como concejales el  6 de diciembre del 2004, ante la  Sagrada Biblia y la comunidad, coludiéndose  indirectamente con la información  que conocieron en su calidad de Concejales. Pues el Informe de Contraloría fue leído en una  maratónica jornada de Concejo Municipal de 5 horas de duración, con la presencia de público en sala.
 
Toda la comunidad regional, conoce las  graves consecuencias que tuvieron que  sufrir  los ex Concejales de Carahue, Rene Ochoa  Ochoa y Paola Retamal Arévalo, por hacer efectivo su rol fiscalizador (ante un contundente Informe de Contraloría),  los que fueron acusados por la Administración Municipal de Carahue UDI, injustamente y por venganza política,  por Fraude al Fisco, los que perdieron su carrera política, con graves consecuencias de daño personal y familiar,  pero finalmente lograron demostrar su inocencia en Corte de Apelaciones de Temuco y Corte Suprema. Un  gran costo que tuvieron que enfrentar los concejales, por ser valientes y hacer efectivo su rol fiscalizador.
 
Paralelo a esto, el Fiscal Cristian Crisosto llevaba una denuncia contra el Alcalde de Carahue, el Secretario Municipal Roberto Rojas León y una Empresaria de Transportes Local Eloísa Torres, por  el delito de falsificación de instrumento público. Como resultado de esta investigación que termino con el Alcalde, el funcionario municipal y la empresaria, formalizados por este delito, con firma mensual y arraigo nacional, el 3 de enero del 2007, el Fiscal Crisosto  terminó el proceso, con una Audiencia de Juicio Simplificado, con rebaja de penas, donde la culpabilidad la asumió por acuerdo, el Secretario Municipal y la Empresaria Local, quienes recibieron diversas sanciones, en esta oportunidad, el Alcalde de Carahue, no fue sancionado.
 
Luego de esta situación, el 3 de marzo del año 2008 hasta el 4 de junio del 2009, por el lapso de  14 meses, el Fiscal Claudio Jara Viveros, formaliza al Alcalde de Carahue Héctor Figueroa Ramírez UDI, a la Concejala de RN Sara Suazo y su padre Aníbal Suazo, por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, teniendo arraigo nacional los formalizados.
 
Posteriormente, con fecha  4 de junio del 2009 el Fiscal Claudio Jara Viveros, vía oficio acusa al Alcalde de Carahue, la ex concejala  y su padre, por Fraude al Fisco, por la venta del terreno donde hoy está construido el Liceo de Trovolhue, el cuál fue  comprado por la Municipalidad de Carahue, al padre de la ex Concejala,  en sobreprecio, de forma irregular  e ilegal.
 
La situación actual, es que el Alcalde, por el solo ministerio de la Ley, al estar acusado por Fraude al Fisco, debe dejar sus funciones de Alcalde, por encontrarse suspendido.
 
Con fecha 5 de junio a las 13.10 horas, el  Alcalde de Carahue Héctor Figueroa Ramírez, quien está suspendido en sus funciones, acudió a una reunión con los profesores de la comuna, en el Internado Municipal, haciendo uso de vehículo municipal, siendo anunciada su visita por el Programa Municipal “Informe Comunal” y haciendo un discurso en su “calidad de Alcalde”, situación que no corresponde, pues el edil, esta suspendido en sus funciones, al ser acusado por Fraude al Fisco.
 
Con fecha  lunes 8 de junio, a primera hora del día, los Concejales de la Concertación de Partidos por la Democracia, Don Florentino Riffo  Araneda DC, Don Pedro Vera Paredes  P.R.S.D., Don Cristian Morales Floody se reunirán con el Fiscal Claudio  Jara Viveros,  solicitando que se haga efectiva la  suspensión del edil, quien sigue  ostentando el cargo de Alcalde en ejercicio,  situación que es ilegal, por tanto, los concejales ejercerán sus rol fiscalizador.
 
Los trámites que ahora faltan son, en 20 días hábiles más será la Audiencia de Preparación de Juicio Oral que será en el juzgado de Carahue y posteriormente en unas 2 semanas posteriores, se solicita sala en Temuco para la realización del Juicio  Oral, donde se definirá  si la acusación del Fiscal Claudio Jara basaba en un Informe de Contraloría General de  la República,  consigue una victoria o una pérdida judicial.